Hace apenas unos meses, el PSOE anunciaba entre un gran revuelo mediático la vuelta definitiva a la sanidad universal, tras años de exclusión sanitaria bajo el restrictivo Real Decreto Ley 16/2012 del PP. Sin embargo, organizaciones como Yo Sí Sanidad Universal, REDER o Amnistía Internacional criticaron desde el principio la falta de ambición y el titular engañoso del nuevo RDL del Gobierno de Pedro Sánchez, que dejaba a mucha gente sin acceso a la salud en España y que, en ciertos aspectos, no solo no suponía un avance sino que empeoraba el RDL anterior.
Tras el artículo publicado esta semana en eldiario.es en el que se documentaba como el Gobierno está negando el acceso a la sanidad pública a inmigrantes con papeles enfermos de cáncer, nos pusimos en contacto con Nacho Revuelta, médico y miembro del colectivo Yo Sí Sanidad Universal, para comprender un poco más la realidad del RDL que actualmente está en vigor.
Nacho, ¿ha vuelto la Sanidad Universal a España?
No. El decreto del PSOE ha supuesto ciertos cambios positivos pero en algunos casos no ha abordado una solución real y en otros ha supuesto incluso una regresión respecto a la norma anterior. Está muy lejos de conseguir la universalidad.
¿Cuáles son esos avances?
El avance general es que, conceptualmente, el nuevo RDL cambia el reconocimiento del derecho al acceso a la salud y lo desvincula de las cotizaciones. La atención sanitaria no se paga a través de las cotizaciones sociales; se paga a través de los impuestos. No tenía sentido que ser o no ser receptor de la atención sanitaria dependiese de si una persona cotiza o no. Eso es un avance, porque conceptualmente es importante reconocer que hay un derecho dirigido hacia la persona más allá de su situación laboral. Yendo a lo concreto, el nuevo RDL favorece a las personas sin permiso de residencia que demuestren llevar más de tres meses en España, porque les da una cobertura legal en todo el territorio.
¿Y las que llevan menos de tres meses están excluidas?
Sí. Con el nuevo RDL no quedan cubiertas las personas que lleven menos de tres meses en España, o aquellas que simplemente no pueden acreditar mediante padrón u otro tipo de documentación que llevan ese tiempo aquí.
El problema es que, además de que estas personas necesitan a veces atención sanitaria no demorable, no hay ninguna excepción en la ley. Algo que, curiosamente, sí ocurría con el decreto del PP con menores, urgencias o embarazadas. Pero el PSOE no ha aceptado incluirlas como excepción y estas poblaciones quedan ahora excluidas, pese a que la legislación internacional protege a estos colectivos vulnerables. En este sentido el RDL es regresivo respecto al anterior.
Y existe otro colectivo afectado…
El otro gran colectivo excluido es el de los familiares ascendientes de personas que residen en España e incluso tienen la nacionalidad. Padres enfermos, por ejemplo, que vivían en sus países de origen y que ante una situación de fragilidad se reúnen aquí con sus hijos. Es un disparate no tratarlos, ya que no supone un ahorro relevante y aumenta el sufrimiento de las personas. Y es más disparatado todavía en el caso de algunas enfermedades graves, como el cáncer, porque al final vas a tener que tratar a una persona en unos pocos meses pero con una enfermedad más avanzada.
¿Por qué dices que al final van a tratarlos?
Porque no tratarlos es ilegal. Hay más de 70 sentencias ratificadas en Tribunales Superiores de Justicia autonómicos que han dado la razón a los denunciantes.
¿En qué se basan esas sentencias?
Estas personas tienen permiso de residencia, cumplen todos los requisitos y, por lo tanto, deberían poder tener una tarjeta sanitaria. Eso es lo que dice la Ley. La Defensora del Pueblo, en una resolución en 2014, dejó claro que no existe una exigencia en la legislación que obligue a estas personas a contratar un seguro privado de salud, como así está interpretando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que es el argumento principal de la Administración para denegar la asistencia sanitaria.
¿Y esas personas que han denunciado ya tienen acceso al sistema de salud?
Individualmente, sí. El problema es que tienen que pasar por un periodo de reclamación al INSS y otro proceso de denuncia y judicial que puede durar entre seis meses y un año. Incluso más.
Y tras todas esas sentencias, ¿por qué no cambia la norma?
Es difícil de comprender. Están perdiendo una sentencia tras otra, prácticamente sin discrepancia entre ellas. Creo que solo hay una o dos sentencias favorables al INSS en las que el juez ha considerado que la persona no tenía derecho a la tarjeta sanitaria. Pero mayoritariamente los tribunales están dando la razón a estas personas. Y a pesar de ser una práctica claramente ilegal a criterio de los jueces, el INSS no ha modificado su actitud.
¿Y cómo es posible que la Administración no tenga en cuenta la Ley?
Han utilizado una de esas sentencias favorables para elevar un recurso al Tribunal Supremo que está ahora pendiente de una sentencia de casación que, en teoría, debería establecer jurisprudencia. Pero es absurdo e inmoral esperar a que el Tribunal Supremo case una sentencia contra 70 para ver quién tiene la razón.
Entonces, ¿qué más tiene que pasar para que España vuelva a garantizar una Sanidad Universal?
Por un lado, el Gobierno de Sánchez lo primero que debería hacer es cumplir la Ley. Los jueces y la Defensora del Pueblo le han dicho ya lo que tiene que hacer. La Administración debe dejar de exigir un seguro privado a los familiares que vienen a reagruparse. No hay que cambiar la Ley ni hacer nuevas normas. Bastaría con levantar un teléfono y ordenar que se cumpla la Ley actual. Si quieren esperar las sentencia de casación, que esperen, pero mientras tanto pedimos que cumplan la Ley y den tarjeta sanitaria a las personas que tienen derecho. Esto que se está haciendo ahora no tiene ningún sentido, además de ser ilegal e inmoral.
Por otro lado, cada Comunidad Autónoma debería desarrollar el RDL de la manera más inclusiva posible para colectivos vulnerables, y ofrecer instrucciones claras y públicas para que la gente sepa a qué atenerse. Ahora mismo, en cada centro sanitario de cada Comunidad Autónoma te pueden decir una cosa diferente y existe mucha confusión.
Entonces… ¿las comunidades autónomas tienen capacidad de interpretar el RDL y aplicarlo de manera diferente?
En cierto modo sí. Ya lo venían haciendo con el RDL anterior. El Real Decreto del PP solo contemplaba tres excepciones: menores, embarazadas y urgencias. En 2012, cuando se aprobó ese Real Decreto, hubo un clamor por parte de colectivos y sociedades científicas quejándose de que no se podía dejar fuera, por ejemplo, enfermedades infecciosas, porque podría suponer un problema de salud pública. Algunas comunidades autónomas incluyeron algunas enfermedades psiquiátricas e infecciosas dentro de las excepciones, y eso el Gobierno del PP lo aceptó y no recurrió. Se llegó a una situación de convivencia entre el RDL y ciertas normativas autonómicas que el Gobierno toleraba. Ahora, con el nuevo RDL y con exigencias como la de demostrar tres meses de estancia, muchas autonomías han dejado de atender también a esas excepciones, sobre todo en el caso de embarazadas, menores o urgencias.
Sin embargo, existen ciertas recomendaciones para personas sin permiso de residencia que el Gobierno hace a las comunidades autónomas
Sí. Cuando se planteó el problema de menores, embarazadas y personas con enfermedades graves que no pueden ver demorada su atención esos tres meses, el Ministerio emitió unas recomendaciones a las comunidades autónomas para abrir una puerta a través de los servicios sociales, que mediante un informe social pueden ahora valorar esos casos de manera individual.
No parece suficiente…
Estas personas se están encontrando con el muro de la ley. Da igual si estás embarazada, si tienes que pasar por una interrupción del embarazo o si eres un menor de edad y se te está demorando, por ejemplo, una vacunación. Se les está denegando la atención y no pueden hacer nada porque no hay otro cauce.
Lo que el Gobierno debería hacer es convertir este documento de recomendaciones en unas instrucciones de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Porque a día de hoy, al ser recomendaciones, las comunidades no tienen ninguna obligación de cumplirlo. De hecho, casi ninguna está haciéndolo.
Pero las comunidades podrían buscar esos pequeños huecos como hicieron anteriormente, ¿no?
Las comunidades Autónomas no están haciendo nada porque el RDL, pese a estar en vigor, sigue en periodo de enmiendas en el Parlamento y no van a cambiar todos sus procesos y circuitos internos si de aquí a tres meses la Ley cambia. Ahora, que con las próximas elecciones a la vista va a haber un periodo largo e importante sin cambios legislativos, habría que exigir a las comunidades Autónomas que saquen instrucciones y normativas claras autonómicas para dejar claro en qué escenario estamos y cómo deben obrar.
¿Qué peticiones tenéis desde Yo Sí Sanidad Universal?
Nuestra petición es a todos los grupos políticos para que haya un compromiso para recuperar la Sanidad Universal de manera real. No vamos a juzgar las intenciones de nadie, pero nos parece que ha habido mucho marketing para lo que realmente supone esta nueva ley. Se ha anunciado a bombo y platillo que se ha recuperado la Sanidad Universal, pero no es cierto. Ha habido algunos avances, claro, pero otras cosas no se han solucionado pese a ser bien sencillas: apenas requiere cumplir la ley. Es curioso, la verdad… en el 2016 el PSOE hizo un Proyecto de Ley para volver a la situación previa a la del RDL del PP. Ahora, sin embargo, cuando han tenido ocasión, han sacado una ley casi peor que la anterior. Es muy difícil de comprender.
