Desde REDER, colectivo de organizaciones de la que Salud por Derecho es parte, valoramos positivamente el Anteproyecto de Ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros dirigido a consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). El texto sienta una buena base desde la que poder trabajar junto con el Ministerio y los grupos parlamentarios para introducir los matices que las organizaciones sociales consideramos necesarios para garantizar un sistema verdaderamente universal.
El Antoproyecto de Ley reconoce, entre otras cuestiones, el derecho a la atención sanitaria a las personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar. También elimina la exigencia de que las personas extranjeras en situación administrativa irregular tengan que llevar tres meses en España antes de ver reconocido su derecho.
También vemos positivo que el texto flexibilice los medios de prueba de los requisitos para que las personas en situación administrativa irregular puedan ver reconocido su derecho a la atención sanitaria. Si bien se mantiene la exigencia de que las personas no puedan exportar el derecho a la atención desde su país de origen, así como que no exista un tercero obligado al pago, estas podrán demostrar que cumplen estos requisitos mediante una simple declaración responsable, algo que no ocurría hasta ahora, de modo que se evita que este trámite administrativo se convierta en una barrera insalvable.
Aunque el Ministerio de Sanidad sigue distinguiendo entre las personas que tienen la titularidad del derecho (personas nacionales y extranjeras con residencia autorizada) y aquellas a las que se les reconoce el disfrute del derecho, pero no la titularidad, mientras que desde REDER siempre hemos abogado por el reconocimiento del derecho a la protección de la salud de todas las personas residentes en España, las entidades que formamos esta red de denuncia consideramos que el texto aprobado por el Consejo de Ministros persigue corregir las situaciones de exclusión persistentes.
Desde la entrada en vigor en agosto de 2018 del Real Decreto 7/2018 de Sanidad Universal, los equipos de Médicos del Mundo, que son también parte del grupo motor de REDER, han recogido y documentado más de 5.000 casos de vulneraciones del derecho a la salud, de las que cerca de 2.500 se produjeron en el contexto de la pandemia. Entre las personas a las que atendimos durante este período había más de 60 enfermas de cáncer, más de 50 padecían enfermedades cardiovasculares, 80, diabetes, y cerca de 80, eran portadoras del VIH, por mencionar algunos de los casos.
Entre las principales barreras que hemos venido denunciando está la facturación o la negativa de atención en urgencias (299 casos), la falta de atención a mujeres embarazadas (133 casos), a menores de edad (299 casos) y a personas refugiadas y solicitantes de asilo (228 casos), la falta de atención a personas mayores reagrupadas (147 casos), la imposibilidad de acceder a medicamentos (136 casos), o la dificultad de acceder a la vacuna COVID-19 (461 casos), entre otras. En lo que llevamos de 2022, han atendido a más de 1.500 personas migrantes para quienes había resultado imposible el acceso al sistema de salud.
«La exclusión sanitaria sigue siendo una realidad que confrontan miles de personas migrantes. La consecuencia es que muchas personas con enfermedades tan graves como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes o VIH no están siendo debidamente atendidas con el consiguiente impacto negativo en la salud y, en algunos casos, poniendo en riesgo de sus vidas», ha afirmado Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo.
Para conseguir acabar con la exclusión sanitaria es necesario abordar diversos desafíos, como que el texto no contenga una previsión específica que garantice en todo caso y sin requisito alguno la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a menores de edad, mujeres embarazadas y la atención en urgencias, o el desarrollo reglamentario que unifique los procedimientos y evitar así interpretaciones con voluntad excluyente, como las que han podido darse en Madrid y Galicia. En el caso madrileño la reciente creación de las Unidades de Tramitación ha generado un efecto embudo que mantiene excluidas a infinidad de personas en espera de una cita que les permita solicitar el reconocimiento de su derecho. Además, se mantiene en un 40% del PVP el copago farmacéutico para personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, cuya exención debería contemplarse en los supuestos de mayor vulnerabilidad.
Finalmente, entre los aspectos positivos, desde REDER también destacamos la creación de un Foro Abierto de Salud integrado por los principales agentes sociales como órgano asesor del SNS con capacidad propositiva y que podría servir para identificar, entre otras cuestiones, las dificultades en el acceso a la sanidad que se puedan seguir produciendo.
