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UNA SALUD PARA TODOS Y TODAS

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El actual abordaje de la migración mediante las políticas de externalización y continuas expulsiones y rechazos violentos en las fronteras ha dado lugar a un contexto en el que la migración se ha vuelto cada vez más peligrosa. Ante la falta de vías seguras para migrar, muchas personas se ven forzadas a embarcarse en viajes largos y llenos de riesgos.

Estas políticas excluyentes son un importante determinante de la salud física y mental de las personas refugiadas y migrantes, por causas que van desde la violencia física en la frontera, la experiencia de sucesos traumáticos o problemas de salud mental -como depresión o ansiedad producto de la detención y la deportación-, hasta la falta o el retraso de la atención sanitaria. Todas ellas, irán a más en los próximos años por las normativas cada vez más restrictivas que se siguen poniendo en marcha nivel global y europeo.

En Salud por Derecho trabajamos para denunciar esta deriva de las políticas migratorias y defender que todas las personas, sin importar su lugar de residencia, origen, capacidad económica o situación personal, puedan ejercer cuándo y dónde lo necesiten su derecho a la salud y el acceso a una asistencia sanitaria pública y de calidad. También en España.

NUESTRO TRABAJO

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A nivel europeo, trabajamos junto a otras organizaciones internacionales para sobre el preocupante impacto en los derechos que humanos que tendrá el nuevo Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, por su foco en las detenciones arbitrarias y en los retornos forzosos, así como las escasas garantías para las personas migrantes y solicitantes de asilo.

En España, trabajamos para que el sistema sanitario público atienda a todos los migrantes. Desde 2012, cuando un real decreto acabó con la universalidad de la sanidad, se han ido produciendo algunos avances, pero todavía existen trabas para el acceso de muchos migrantes a nuestro Sistema Nacional de Salud.

Estos son nuestros objetivos, trabajamos para que:

Europa frene avance del desarrollo del nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo y ponga en el centro de las políticas migratorias los derechos humanos de las personas que migran, en especial el derecho a la salud

Las políticas nacionales, regionales e internacionales de salud global tengan un enfoque de migración, y que las políticas migratorias se analicen desde su impacto en la salud mental y física de las personas

El Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas, independientemente de su situación administrativa.

PROYECTOS Y CAMPAÑAS

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PICUM:

Formamos parte de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), una red de organizaciones que trabajan para asegurar la justicia social y los derechos humanos de los migrantes indocumentados. Esta red representa a más de 160 organizaciones que trabajan con personas migrantes indocumentadas en más de 30 países, tratando de influenciar en organismos legislativos y en las instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas.

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REDER:

Formamos parte de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, una alianza de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud en España y la denuncia de su incumplimiento.

REDER cuenta con más de 300 organizaciones y está coordinada por un grupo motor en el que estamos junto a otras entidades como ARI-PERU, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (FADSP), Médicos del Mundo, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), Salud por Derecho, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

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Alianza Más Sanidad Pública y Universal

Más de una veintena de organizaciones sociales, sanitarias y profesionales nos hemos unido en esta alianza para pedir a la clase política (Gobierno, partidos políticos y gobiernos autonómicos) que tomen las medidas políticas y presupuestarias necesarias para fortalecer al sistema público de salud y reforzar su capacidad para afrontar los desafíos que la COVID-19 ha dejado al descubierto.