Todas las personas, sin importar su lugar de residencia, origen, capacidad económica o situación personal, deberían poder ejercer cuándo y dónde lo necesiten su derecho a la salud y el acceso a una asistencia sanitaria pública y de calidad.
En España, la aprobación, en 2012, del Real Decreto 16/2012 acabó con la universalidad de la salud que siempre ha caracterizado nuestro sistema sanitario -expulsando a miles de personas, sobre todo migrantes- y supuso un claro retroceso en términos de protección sanitaria. Tras más de seis años de exclusión, en 2018, el nuevo Gobierno llegó con el compromiso de cambiar esa ley y devolver la sanidad universal. Aprobó un nuevo Real Decreto para sustituir al anterior, pero no ha acabado con la exclusión.
