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Viajamos a la Reunión de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles
04/10/2018 by Salud in Home Slider

La semana pasada asistimos en Nueva York a la tercera Reunión de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles (ENT) durante la 73ª Asamblea General de Naciones Unidas. La reunión examinó los progresos mundiales y nacionales –tras las Reuniones de 2011 y 2014- y los nuevos retos en la lucha contra estas enfermedades (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer y diabetes) que son responsables del 71% de las muertes alrededor del mundo y causan unas 41 millones de muertes al año, incluyendo a las 15 millones de personas que mueren prematuramente (entre los 35 y 69 años).

La Declaración Política suscrita resultante de esta reunión asume y reconoce que, por ahora, las acciones para la prevención y el control de estas enfermedades están siendo insuficientes para alcanzar el objetivo 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ‘reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles’ para 2030 mediante la prevención y el tratamiento y la promoción de la salud mental y el bienestar.

Desde Salud por Derecho consideramos que uno de los aspectos fundamentales para el tratamiento de estas enfermedades debe ser el acceso justo y asequible a medicamentos eficaces y seguros. Lamentablemente, la realidad es que la industria farmacéutica establece precios cada vez más altos a sus medicamentos. Unos precios abusivos, normalmente fijados de forma arbitraria y muy poco transparente.

Sirve de ejemplo lo ocurrido en los últimos tiempos con los fármacos para el cáncer: los precios para los tratamientos se han duplicado en 10 años y algunos de los tratamientos disponibles son totalmente inasumibles para la gran mayoría de los sistemas públicos de salud y, por supuesto, para los pacientes. En EEUU, por ejemplo, dos nuevos tratamientos han salido al mercado con precios que superan los 400.000 euros.

Aunque la Declaración Política recoge la promoción de un mayor acceso a medicamentos seguros, asequibles, efectivos y de calidad, lo cierto es que apenas unos pocos países -Brasil e India, y España muy brevemente- han querido pronunciarse durante sus intervenciones sobre esta problemática de calado vital en la lucha contra estas enfermedades.

Precisamente, uno de los puntos que mayor controversia generó para el acuerdo en la Declaración Política fue el párrafo –finalmente incluido- que reafirma la Declaración de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC, que permite el derecho de los Estados Miembros a proteger la salud pública por encima de los derechos de propiedad intelectual. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es a través de las licencias obligatorias que permiten producir genéricos a precios más bajos que los de los fármacos bajo patente.

Es bastante significativo que dos Reuniones de Alto Nivel (el día 26 tuvo lugar la primera Reunión de Alto Nivel sobre tuberculosis) hayan tenido lugar al mismo tiempo, y que ambas hayan incluido en sus declaraciones elementos tan importantes como el acceso a medicamentos, la asequibilidad de estos o las salvaguardas de Doha, aunque también es igual de significativo que todas esas negociaciones no han estado exentas de dificultades y obstáculos.

La Declaración Política es, sin duda, un paso hacia adelante porque incorpora estos aspectos. No obstante, nos preocupa la falta de menciones al problema de los precios cada vez más elevados en los medicamentos, que ponen en jaque la sostenibilidad de los sistemas de salud de todo el mundo; o la falta de impulso de medidas de transparencia, actualmente inexistentes, para conocer cuáles son los costes reales de la I+D en fármacos.

Desde Salud por Derecho reconocemos (tal y como hace la Declaración) el rol principal y la responsabilidad que tienen los Gobiernos en todos los niveles para responder a las necesidades de estas enfermedades y de aquellos que las sufren. Es fundamental trabajar sobre la base del derecho de todas y cada una de las personas a la salud física y mental, como parte fundamental de sus derechos humanos, y, en consecuencia, facilitar el acceso de las personas a sistemas nacionales de salud fuertes y sostenibles, y a medicamentos asequibles, seguros, y eficaces.

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