La contaminación del aire está detrás de un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, agrava patologías como el asma o la bronquitis y puede afectar a la salud desde el embarazo hasta la infancia. Sus efectos alcanzan también a otros órganos y sistemas del organismo. Décadas de investigación han permitido comprender cada vez mejor cómo la exposición a la contaminación perjudica la salud y han confirmado que el impacto varía según el tipo de contaminante, el tiempo de exposición y la situación de cada persona.
En las ciudades, la contaminación convive con otros factores ambientales que también condicionan la salud, como el ruido, las altas temperaturas, la falta de zonas verdes o un modelo de movilidad dominado por el vehículo privado. La exposición conjunta a estos riesgos aumenta la carga de enfermedad y afecta especialmente a las personas y comunidades más vulnerables, lo que termina agravando las desigualdades en salud.
La aprobación de la Directiva Europea de Calidad del Aire Ambiente supone un avance, ya que endurece los límites legales de varios contaminantes, aunque todavía se sitúan por encima de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También refuerza el acceso a la justicia. En España, donde la directiva está en proceso de transposición, las organizaciones dedicadas a la protección de la salud podrán acudir a los tribunales en las mismas condiciones que las organizaciones ambientales. Además, las personas que sufran daños en su salud por el incumplimiento de la normativa podrán reclamar una indemnización y los procedimientos deberán diseñarse de forma que ejercer ese derecho no resulte imposible ni excesivamente difícil.
La evidencia científica no siempre basta para ganar un caso en los tribunales. Los estudios epidemiológicos muestran cómo la contaminación aumenta el riesgo de enfermar en la población, pero la justicia suele exigir pruebas de que ese riesgo se ha traducido en un daño concreto para una persona. Demostrar ese vínculo (llamado nexo causal) sigue siendo una de las principales dificultades para reclamar responsabilidades a una administración.
A esa dificultad se suman otras barreras. En España no existe una acción popular general en materia de calidad del aire, por lo que las personas afectadas deben acreditar un interés directo o un perjuicio específico para acudir a los tribunales. Los costes del procedimiento, la necesidad de aportar informes periciales y el riesgo de asumir las costas judiciales si la demanda no prospera hacen que muchas personas puedan llegar a renunciar a reclamar.
Aun así, la litigación estratégica está empezando a dar resultados. Ecologistas en Acción consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligara a la Generalitat a elaborar los planes de calidad del aire frente al ozono troposférico tras más de una década superando los límites legales. La organización también trabaja con una estrategia que combina estudios epidemiológicos, mediciones ambientales e informes médicos de varias personas afectadas por una misma fuente de contaminación. Reunir todas esas pruebas ayuda a reforzar las reclamaciones y facilita que los tribunales puedan valorar mejor cada caso.
De todos estos temas hablamos en el webinar Acceso a la justicia y calidad del aire, que organizamos junto a Ecologistas en Acción, en el que reunimos a especialistas en epidemiología, derecho ambiental y políticas públicas para analizar cómo reforzar la protección del derecho a respirar un aire limpio.
Si quieres conocer con más detalle las principales ideas del encuentro, puedes descargar aquí el resumen ejecutivo del webinar.
