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La lucha por la equidad en el tratamiento del VIH
01/12/2024 by Salud in Home Slider

La respuesta internacional al VIH durante las décadas de 1990 y 2000 marcó un antes y un después en la historia de lo que hoy conocemos como salud global. Por ejemplo, mediante la creación de iniciativas como la agencia pública estadounidense PEPFAR, el Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria u ONUSIDA; el creciente papel de las organizaciones filantrópicas; y, sobre todo, una movilización global de la sociedad civil. Esta movilización no solo mejoró el acceso a medicamentos y promovió la transparencia y la representación en la gobernanza internacional, sino que también ayudó a consolidar la norma del acceso, un principio que reconoce el acceso a medicamentos esenciales como parte del derecho humano a la salud. 

Gracias a esta norma, se han logrado avances como la Declaración de Doha, que prioriza la salud pública sobre los derechos de propiedad intelectual, la inclusión de antirretrovirales en la lista de medicamentos esenciales de la OMS y la creación de organismos como Unitaid y el Medicines Patent Pool, que han ayudado a mejorar el acceso a medicamentos en todo el mundo.   

Dice el historiador Charles Rosenberg que “la enfermedad necesariamente refleja y deja de manera clara todos los aspectos de la cultura en la que ocurre”. Así, en los 90 y 2000, exisitió una tremenda desigualdad en el acceso a los medicamentos para el VIH, con consecuencias terribles para las sociedades que más sufrían la pandemia. Pero esta época también vio la cristalización de la norma del acceso y la colaboración internacional en la política exterior de muchos países como un elemento para la consecución del derecho humano a la salud. 

Igual que entonces, la desigualdad en el acceso permanece. Según ONUSIDA, entre 7,4 y 10,8 millones de personas que viven con VIH seguían sin recibir tratamiento en 2023, la mitad de ellos en África Subsahariana. Tan solo 3,5 millones de personas tuvieron acceso a tratamientos de Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), lejos del objetivo de 10 millones para 2025. Como en los 90 y 2000, el acceso a medicamentos innovadores que facilitarían el control y la prevención del VIH se ve limitado por precios inasequibles y barreras de monopolios. El desarrollo y comercialización de lenacapavir, el nuevo fármaco que permite tratar y prevenir la transmisión del VIH con dos inyecciones anuales, pone los objetivos fijados por Naciones Unidas para 2025 al alcance de todo el mundo. Sin embargo, su elevado precio (unos 40.000 euros por persona al año) impedirá que poblaciones expuestas al virus y personas viviendo con VIH de todo el mundo puedan acceder a esta nueva herramienta terapéutica.  

Como en los 90 y 2000, la movilización de la sociedad civil ha conseguido empujar a Gilead, la compañía que comercializa este medicamento, a firmar un acuerdo de licencia voluntaria que, pese a todo, resulta insuficiente para asegurar el acceso equitativo. A diferencia de entonces, el contexto político de la salud global está cambiando de manera acelerada. Las tensiones geopolíticas se hacen notar en las negociaciones sanitarias internacionales, los discursos contrarios a los derechos humanos cada vez tienen más presencia y poder y el fracaso a la hora de responder a la pandemia del COVID-19 de manera equitativa y justa ha multiplicado las reacciones basadas en la soberanía sanitaria, la autonomía regional y las nociones centradas en la nación sobre cómo responder a emergencias sanitarias futuras.  

La salud global en un contexto político cambiante 

En el Día Mundial del Sida, volvemos a recordar que la respuesta a los retos globales, como la pandemia del sida, solo puede atajarse cuando las políticas nacionales se alinean con la agenda internacional para defender los derechos humanos. Desde Salud por Derecho, trabajamos para conseguir que las políticas desarrolladas en España, en Europa y en foros internacionales, promuevan el derecho a la salud de una manera coherente.  

Por ejemplo, hemos criticado el modelo de políticas migratorias europeo, que atenta directamente contra la salud de la población migrante antes, durante y después del proceso migratorio. Según el último informe de ONUSIDA,  la discriminación estructural contra las personas migrantes, incluida la exclusión sanitaria, la estigmatización y el racismo, da lugar a una mayor vulnerabilidad, exponiendo a la población migrante a más riesgo de adquirir VIH en los países de llegada.  

En política farmacéutica, hemos participado en la consulta pública para la reforma del Real Decreto Ley de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, para que la transparencia en los costes de desarrollo y producción de medicamentos, como podrían ser el lenacapavir o el cabotegravir, sirvan para asegurar precios más asequibles y transparentes en España y más allá. Que España tenga precios más asequibles y transparentes tiene impacto global, ya que muchos países de ingresos medios y bajos utilizan como referencia el precio público (sin descuentos secretos) de España. 

También hemos señalado cómo la actual revisión de la legislación farmacéutica europea es una oportunidad para que el modelo de innovación europeo sirva a mejorar la salud y el acceso a medicamentos para el VIH. En este sentido, hemos criticado la posición de la mayoría de países de extender el monopolio de productos innovadores, ya que esto supondría un aumento del precio de medicamentos como el lenacapavir.  

Las nuevas terapias para el VIH, como el lenacapavir, muestran el potencial de la innovación farmacéutica, pero también cómo las políticas públicas (farmacéuticas y no farmacéuticas, nacionales, regionales e internacionales) actúan como determinantes de la salud global, perpetuando en muchos casos la desigualdad en salud en todo el mundo. Por ello, el trabajo y la movilización de la sociedad civil continúa y continuará siendo fundamental para señalar y paliar el efecto negativo de políticas sobre las personas que viven con VIH y aquellas en riesgo de contraerlo en todo el mundo, y manteniendo la idea de la mejor política de seguridad sanitaria nacional es la defensa del derecho humano a la salud para todos.  


Imagen: Bulat Silvia Fotógrafo – iStock

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