El Gobierno ha lanzado esta semana la consulta pública del Proyecto de Plan Social para el Clima (PSpC), dotado con 9.099 millones de euros para el periodo 2026-2032. Desde Salud por Derecho celebramos este paso. El Plan es una herramienta necesaria y tiene potencial real para reducir la pobreza energética y de transporte que hoy deteriora la vida y la salud de millones de personas en España.
Sin embargo, no podemos pasar por alto que el reglamento europeo que financia este Plan fijó el 30 de junio de 2025 como fecha límite para presentarlo ante la Comisión Europea. España llega con casi un año de retraso. Cada mes de demora es un mes más en el que miles de hogares vulnerables siguen sin acceder al apoyo que este Fondo debería estar proporcionando ya. El Fondo Social para el Clima es una herramienta real para reducir desigualdades en salud y garantizar una transición climática justa.
Si los países alinean sus políticas con el Acuerdo de París podremos salvar 14 millones de vidas al año para 2050. Las mismas acciones climáticas que pueden conseguir disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, así como reducir la contaminación atmosférica, en el medio y largo plazo, pueden conseguir mejorar la salud inmediatamente, generando cobeneficios en salud.
Una crisis que no admite retrasos
Según el último informe de The Lancet Countdown para Europa, la inversión en energía limpia en Europa alcanzó los 427.000 millones de euros en 2024, un 461% más que la destinada a combustibles fósiles. Las muertes atribuibles a la contaminación del aire procedente del sector eléctrico cayeron un 84% en la UE entre 2000 y 2022, y las vinculadas al transporte un 58%, gracias a medidas de eficiencia y descarbonización. Cada euro invertido en descarbonizar la energía y el transporte genera retornos en vidas, evita hospitalizaciones y pérdidas de productividad que van mucho más allá del ahorro en emisiones.
Esta es una de las claves para diseñar bien un Plan Social para el Clima. Rehabilitar una vivienda mal aislada reduce el consumo energético, pero también las hospitalizaciones asociadas al frío y al calor extremo y mejora la salud respiratoria. Electrificar el transporte urbano reduce emisiones y también la exposición a partículas contaminantes en los barrios más afectados. La infraestructura ciclista ayuda a disminuir el uso del coche y también el sedentarismo, uno de los factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares y diabetes.
El último informe de The Lancet Countdown alerta de una tendencia preocupante que ya se refleja en muchas políticas climáticas. Aunque cada vez hay más evidencia científica sobre cómo el cambio climático afecta a la salud, ese vínculo sigue perdiendo peso político. Está ocurriendo en la UE, donde la salud vuelve a quedar en segundo plano en debates esenciales como el próximo presupuesto europeo, y también en políticas nacionales como el actual Plan Social para el Clima.
En 2024, solo 21 de 4.477 discursos en el Parlamento Europeo mencionaron conjuntamente el cambio climático y la salud. Solo el 1,2% de la ciudadanía europea sitúa ambas cuestiones entre sus prioridades simultáneamente. En España, las iniciativas parlamentarias que mencionan cambio climático en el Congreso desde 2023 superan las 1.400. De todas ellas, solo una pequeña parte aborda también cuestiones relacionadas con la salud. Tratar ambos debates por separado limita la capacidad de movilizar apoyo social para la acción climática.
El cambio climático es también una crisis de salud y de desigualdad, y ese vínculo ha recibido este mes un respaldo político relevante. El pasado 17 de mayo, la Comisión Paneuropea sobre Cambio Climático y Salud, un organismo asesor independiente impulsado por la OMS Europa, pidió formalmente a la OMS que declare el cambio climático una emergencia de salud pública de preocupación internacional, la misma categoría que se activó durante la pandemia de COVID-19.
El Plan Social para el Clima es una oportunidad para superar esa separación entre políticas climáticas y sanitarias. Los 9.099 millones de euros deben ir más allá de descarbonizar edificios y transporte. Deben reducir desigualdades en salud, proteger a las personas más vulnerables ante los impactos que ya llegan, y medir lo que de verdad importa: si la gente vive mejor, y si la diferencia entre los que mejor viven y los peor se reduce.
Apenas habla de salud
En este contexto, resulta difícil no fijarse en un detalle del texto del PSpC. La palabra “salud”, o términos directamente relacionados con ella, aparece poco más de diez veces en un documento de más de 170 páginas. Y cuando aparece, suele hacerlo de forma secundaria. La salud pública no se plantea como un objetivo del Plan, ni se incluyen indicadores específicos de impacto sanitario entre los resultados esperados.
El Ministerio de Sanidad tampoco figura como parte del proceso de coordinación. Asimismo, las enfermedades agravadas por la pobreza energética, las muertes evitables durante episodios de calor extremo en viviendas sin aislamiento o el impacto de la contaminación sobre los barrios más vulnerables apenas aparecen en un plan que debería contribuir precisamente a prevenir todo eso.
El Reglamento 2023/955 que crea el Fondo Social para el Clima señala expresamente que el Pacto Verde Europeo aspira a proteger la salud y el bienestar de la población frente a los riesgos ambientales. La OMS, The Lancet Countdown, la Agencia Europea de Medio Ambiente o el propio Plan Estratégico de Salud y Medioambiente del Ministerio de Sanidad coinciden en la misma idea de que las políticas climáticas también son políticas de salud y deben evaluarse como tales.
La vulnerabilidad que el plan no ve
El PSpC define a los beneficiarios a través de criterios principalmente económicos: perceptores del IMV, rentas bajas y medias-bajas. Es un punto de partida, pero es insuficiente. La vulnerabilidad ante el cambio climático no se reduce a los ingresos.
La vulnerabilidad climática hay que entenderla como la intersección de tres dimensiones que se acumulan y se amplifican mutuamente: la susceptibilidad individual ante los impactos climáticos (determinada por la edad, el estado de salud, el embarazo o la existencia de enfermedades previas), la exposición al entorno en que se vive y trabaja (el barrio, la vivienda, el tipo de empleo, el acceso a espacios verdes), y la capacidad de adaptación, es decir, los recursos (materiales, sanitarios, sociales) con los que una persona puede protegerse.
También influyen la edad, el estado de salud, el tipo de vivienda, el trabajo o el barrio en el que se vive. No comparten el mismo riesgo una persona mayor que vive sola en un piso sin aislamiento, una mujer migrante que trabaja en el campo durante una ola de calor o un niño con asma expuesto a altos niveles de contaminación atmosférica, aunque tengan ingresos similares. En cada caso, la vulnerabilidad surge de cómo se cruzan la condición de salud, el entorno donde se vive y trabaja, y la capacidad real de protegerse, tres dimensiones que un umbral de renta no puede capturar por sí solo.
La renta no refleja si una persona trabaja a la intemperie, tiene una enfermedad respiratoria crónica, vive en una zona con escasa arboleda o carece de red de apoyo ante una emergencia climática. Limitar la elegibilidad casi exclusivamente a criterios económicos puede dejar fuera a personas cuya vulnerabilidad es mucho mayor precisamente por la combinación de todos esos factores.
Todas estas personas comparten una característica: el impacto del cambio climático en su salud es mayor y su capacidad de protegerse es menor. Y ninguna de ellas aparece explícitamente en los criterios de elegibilidad del Plan tal como está redactado hoy.
Presentaremos alegaciones
Nuestras alegaciones pedirán al Gobierno que incorpore la salud pública como objetivo explícito del Plan, que añada indicadores de impacto sanitario amparados en el artículo 6.1.m) del reglamento europeo, que amplíe la definición de vulnerabilidad para incluir factores relacionados con la salud, que garantice la participación del sistema sanitario en la gobernanza del Plan y que tenga en cuenta las necesidades específicas de los territorios insulares, donde la equidad en salud también depende de la equidad en movilidad.
El Plan Social para el Clima puede ser una herramienta efectiva y distributiva para reducir las desigualdades en salud que el cambio climático exacerba. Para serlo, necesita reconocer que la salud no es un subproducto de la política climática, es su razón de ser más profunda.
