A día de hoy, las personas con VIH en España no pueden ingresar en las Fuerzas de seguridad del Estado, tienen problemas para obtener un seguro de vida o salud, y encuentran dificultades para acceder a residencias de la tercera edad o incluso piscinas. Por eso, el pasado día 27, en vísperas del Día Mundial de lucha contra el sida, se presentó en el Ministerio de Sanidad el “Pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH”, con el fin denunciar y trabajar contra el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. Hemos hablado con Ramón Espacio, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH (CESIDA) para conocer el origen, desarrollo e implicación de este pacto histórico.
Fuera de nuestras fronteras, el VIH/sida sigue afectando a casi 37.000.000 de personas en el mundo, y causando cerca de 1.000.000 de muertes y 1.800.000 de nuevas infecciones al año. Según los principales organismos de salud mundial sería posible alcanzar el fin de esta pandemia en 2030, pero ni los recursos ni el compromiso político están siendo acordes. Te lo contamos en nuestro documento: Sida y Tuberculosis, una perspectiva global.
Entonces, ¿qué hace falta para ver el fin de esta pandemia? Por un lado, es de vital importancia un enfoque de derechos humanos que apoye a las poblaciones clave (hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores/as sexuales, población trans, usuarios de drogas inyectables o población encarcelada) que son, junto a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con ellas, las más afectadas por el descenso de la financiación internacional en la lucha contra el VIH, sobre todo en países de rentas medias y bajas, como denuncia nuestra campaña Nadie Puede Desaparecer.
Por otro lado, es fundamental también la financiación de organismos como el Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. España llegó a ser su quinto mayor donante pero desde 2011 no aporta ni un solo euro, pese a que todos los grupos parlamentarios aprobaron en 2016 una Proposición No de Ley en la que se pedía al Gobierno volver a ser donante con una contribución de 100 millones de euros para los siguientes tres años.
