El martes finalizó la 73ª reunión anual de la Asamblea Mundial de la Salud, que este año se ha realizado en apenas dos días –normalmente dura una semana- y en la que los representantes y líderes de los países que participaban lo han hecho de forma telemática. La Asamblea, como no podría ser de otra manera, ha estado centrada en la Covid19 y la respuesta a la crisis sanitaria mundial.
Una reunión sin precedentes por su formato inusual y breve –y con inevitables problemas técnicos- que ha estado marcada por la crítica de Estados Unidos al manejo de la crisis sanitaria por parte de la OMS, a la que acusó, al igual que hizo con China, de falta de transparencia. El mismo lunes, Donald Trump publicó una carta en la que amenazaba con congelar definitivamente –por ahora está suspendido- el aporte de su país a la OMS si ésta «no se compromete a realizar mejoras sustanciales” y a “demostrar independencia de China” en los próximos 30 días.
En el aspecto de acceso a las tecnologías sanitarias para la Covid19 cabe destacar las intervenciones de un gran número de países –entre las que destacan las de los presidentes de China y Francia- que coincidieron en que las futuras vacunas que descubran para la Covid19 deben ser “un bien público”. Una declaración de intenciones que, para que no sea solo retórica, debe materializarse con medidas concretas, como advertíamos desde Salud por Derecho hace unas semanas y como Médicos Sin Fronteras o el DNDi han recordado a la Asamblea en esta declaración conjunta.
España, lamentablemente, no hizo referencias a temas de relativos al acceso a los medicamentos y vacunas durante la intervención de Pedro Sánchez.
La Asamblea Mundial de la Salud acordó una resolución de respuesta a la Covid19 que, tras casi tres semanas de continuas negociaciones entre los países, ha ido perdiendo fuerza con respecto a su texto original, propuesto por la Unión Europea en abril. El texto final es demasiado ambiguo y poco contundente sobre las medidas necesarias para enfrentar el desafío del acceso global a las tecnologías sanitarias: eliminar los monopolios legales de los productos, establecer licencias universales y no exclusivas, y compartir los conocimientos necesarios para expandir la producción global de medicamentos, vacunas y/o diagnósticos.
Destacó también la intervención del Ministro de Salud de Costa Rica, durante la que volvió a alentar –como ya hiciera el presidente del país al comienzo de la crisis- a la creación de un repositorio global de conocimiento y tecnología generados sobre la Covid, sin cláusulas de exclusividad ni protección intelectual, para que el resto de países y la comunidad científica puedan hacer uso de ellos.
Esta propuesta, que fue celebrada y acogida por la OMS hace semanas, se incorpora al llamamiento de acción solidaria que la propia OMS y el país caribeño lanzarán oficialmente el 29 de mayo en Ginebra, pidiendo a los países que la suscriban que se garantice que los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos (tanto a nivel nacional como a nivel internacional –canalizadas a través de organismos multilaterales como CEPI o GAVI-) estén disponibles y sean accesibles a toda la población, por medio de la inclusión de cláusulas y condiciones en los acuerdos de financiación.
Esta iniciativa supone un paso al frente para que la comunidad internacional tome el camino adecuado para enfrentar el desafío global de la pandemia. Esperamos que todos los países, y por supuesto España, se sumen a ella.
